La selección de sitios para centros de datos en América Latina gira en torno a las mismas cinco preguntas en todos los países: energía, agua, quién puede comprar el terreno, títulos y zonificación, y permisos. Las preguntas son las mismas desde Querétaro hasta Santiago. Las respuestas, no.
En resumen: Brasil, México, Chile y Colombia representan más del 90% del mercado de centros de datos de América Latina (JLL, cierre de 2025). CBRE contó 1.045 MW de colocation en São Paulo, Querétaro, Santiago y Bogotá en el primer trimestre de 2026, un 41,3% más que un año antes. En todos los países la pregunta sobre un sitio empieza por la energía: Brasil y Chile tienen filas de conexión de varios gigavatios, Colombia recibe solicitudes de grandes cargas solo en enero y mayo, y en México las grandes cargas esperan cerca de cinco años. Las reglas sobre quién puede comprar difieren mucho de un país a otro, y también las reglas para los agentes.
Esta es la versión resumida. La guía completa cubre la comparación de diez países, los cuatro mercados más grandes, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Bolivia, las tablas de propiedad extranjera y de reglas para agentes, tres escenarios, ocho errores, 22 preguntas frecuentes y las fuentes. Léala en passive.investments/es/seleccion-de-sitios-para-centros-de-datos-america-latina.
| País | Polo principal | Energía | Compradores extranjeros y tierra | Autorización del agente o corredor |
|---|---|---|---|---|
| México | Querétaro (cerca del 72%) | Cerca de cinco años para una gran carga; más del 60% de la transmisión cerca de su capacidad | Zona restringida de 100 km desde las fronteras y 50 km desde las costas; una sociedad mexicana puede ser propietaria para uso no residencial; las tierras ejidales necesitan una vía legal | Varía según el estado; varios estados exigen licencia o registro |
| Brasil | São Paulo (38% de los MW nacionales, JLL) | Temporadas de acceso desde el Decreto 12.772/2025; esperas de hasta cinco años | Tierra rural limitada para empresas extranjeras y controladas por extranjeros (Ley 5.709/1971, confirmada el 23 de abril de 2026); tierra urbana sin restricciones | Registro en el CRECI obligatorio |
| Chile | Santiago | Cerca de 2 GW buscan conexión; 407 MW conectados de junio de 2020 a mayo de 2026 | En general abierto; zonas fronterizas declaradas cerradas a nacionales de países limítrofes (DL 1.939) | Sin licencia ni registro |
| Colombia | Bogotá (más del 98%, Arizton) | Dos ventanas de radicación al año (enero y mayo); déficit de energía firme reportado por XM | En general, las mismas condiciones que los nacionales; un proyecto de ley para limitar la tenencia rural extranjera está en comisión, no es ley | Sin licencia nacional |
| Argentina | Buenos Aires; la Patagonia para las propuestas de IA | Las cargas de unos 80 MW o más deben contratar generación nueva (Resolución 264/2026) | Tope rural sin efecto desde el fallo del 29 de septiembre de 2026, bajo nueva impugnación; sigue exigiéndose aprobación en zonas de seguridad de fronteras | Matriculación provincial obligatoria; proyecto de desregulación pendiente |
| Perú | Lima (Lurín) | No se encontró una regla de grandes cargas específica para centros de datos | Sin propiedad extranjera dentro de los 50 km de las fronteras (Constitución, art. 71); la tierra comunal necesita el voto de la asamblea | Registro del MVCS obligatorio (Ley 29080) |
| Uruguay | Montevideo y Canelones | Empresa estatal UTE; 100% renovable en septiembre de 2025 (OLADE) | Abierto, pero la tierra rural debe tenerse mediante acciones nominativas de personas físicas o con autorización del Poder Ejecutivo (Ley 18.092) | La Ley 20.380 exige registro; el registro no funcionaba a abril de 2026 |
| Paraguay | Asunción; Alto Paraná (Itaipú) | Empresa estatal ANDE; cerca de 5 GW entregables; decretos de tarifa especial revocados el 9 de junio de 2026 | Franja fronteriza de 50 km cerrada a nacionales de países vecinos para tierra rural (Ley 2.532/05) | No se confirmó una ley específica de corretaje |
| Ecuador | Guayaquil y Quito | Cerca del 90% de renovables de base hidroeléctrica; desconexiones industriales ordenadas desde el 29 de septiembre de 2026 | Sin propiedad extranjera en zonas de seguridad nacional ni en áreas naturales protegidas | Licencia obligatoria |
| Bolivia | No confirmado | No confirmado | Sin propiedad extranjera dentro de los 50 km de las fronteras (Constitución, art. 262); tierra rural restringida en principio | Registro obligatorio creado el 31 de agosto de 2026; reglamentación pendiente |
Los tamaños de mercado y sus fuentes están en la tabla comparativa de la guía completa. Todo lo que aparece en esta página está fechado al 2 de octubre de 2026, y varias de estas reglas cambiaron en las últimas semanas.
Todos los países de esta página tienen más demanda de centros de datos de la que su red puede conectar con rapidez. Brasil asigna ahora el acceso a la transmisión en «temporadas de acceso» administradas por el operador de la red, el ONS, conforme al Decreto 12.772/2025, y se reportan esperas de hasta cinco años. En Chile, cerca de 2 GW de carga de centros de datos buscan conexión, frente a 407 MW conectados entre junio de 2020 y mayo de 2026. En Colombia, la UPME acepta solicitudes a nivel de transmisión solo en los primeros cinco días hábiles de enero y de mayo. En México, fuentes de la industria estiman cerca de cinco años para una gran carga. Argentina exige ahora que las cargas de unos 80 MW o más contraten generación nueva (Resolución 264/2026). Una línea de transmisión en el mapa no es una respuesta sobre energía. Un documento de acceso a la red con megavatios y una fecha sí lo es.
La mayoría de los compradores para centros de datos tienen respaldo extranjero, así que las reglas de propiedad deciden si una operación puede cerrarse. Brasil limita la tierra rural para empresas extranjeras y controladas por extranjeros conforme a la Ley 5.709/1971, que el Supremo Tribunal Federal confirmó el 23 de abril de 2026; la tierra urbana no tiene restricciones. México tiene una zona restringida de 100 km desde las fronteras y 50 km desde las costas, donde una sociedad mexicana puede ser propietaria para uso no residencial, y las tierras ejidales necesitan una vía legal. Chile es en general abierto, salvo que las zonas fronterizas declaradas están cerradas a nacionales de países limítrofes. Colombia aplica en general las mismas condiciones que a los nacionales; un proyecto de ley para limitar la tenencia rural extranjera está en comisión y no es ley. Perú y Bolivia prohíben la propiedad extranjera dentro de los 50 km de sus fronteras. El tope de tierras rurales de Argentina no está en efecto desde un fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre de 2026, y ese fallo enfrenta una nueva impugnación.
Envíe el país y la ubicación, las hectáreas, el tipo de título o de tenencia, si el terreno es rural o urbano, la subestación más cercana y su voltaje, y la fuente de agua para recibir una evaluación confidencial del sitio.
¿Está autorizado para intermediar en su país y tiene un terreno con una ruta clara de energía, o un cliente que busca un sitio? Carson aporta compradores estadounidenses, socios de capital y participación de capital a través de eXp Commercial, bajo un convenio escrito entre agentes. Usted realiza la intermediación en su país.
Lea la guía completa: Selección de Sitios para Centros de Datos en América Latina.
Brasil. JLL cuenta 706 MW de capacidad instalada en operación en Brasil a mediados de 2026, y CBRE cuenta 536,7 MW de colocation solo en São Paulo en el primer trimestre de 2026. México es el siguiente en el conteo por áreas metropolitanas de CBRE, con 298,2 MW en Querétaro. JLL dice que Brasil, México, Chile y Colombia representan en conjunto más del 90% del mercado de centros de datos de la región.
Solo dentro de los límites de la Ley 5.709/1971. El 23 de abril de 2026, el Supremo Tribunal Federal resolvió por unanimidad que las empresas brasileñas controladas por extranjeros reciben el trato de extranjeros, y las compras que infringen la ley son nulas. La tierra urbana no tiene restricciones, de modo que la vía habitual es incorporar primero el terreno al perímetro urbano municipal y cancelar su registro rural.
Al 2 de octubre de 2026 no está resuelta. El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó, por falta de legitimación, el fallo que había mantenido vivos los límites de la Ley 26.737, de modo que la derogación de 2023 está vigente y el tope actualmente no tiene efecto. El 2 de octubre de 2026 se presentó un nuevo pedido de medida cautelar, y la Cámara de Diputados tiene una sesión sobre el decreto programada para el 15 de octubre de 2026. Las zonas de seguridad de fronteras siguen exigiendo aprobación previa.
Lo exigen Brasil (CRECI), Argentina (matriculación provincial), Perú (el registro del MVCS), Ecuador y Panamá. En México varía según el estado. Uruguay aprobó una ley de registro en 2024, pero el registro no funcionaba a abril de 2026, y Bolivia creó un registro obligatorio por decreto el 31 de agosto de 2026, con la reglamentación aún pendiente.
No directamente. Carson Jones tiene licencia en Tennessee y no ejerce la intermediación fuera de Estados Unidos. Trabaja mediante un convenio escrito de corretaje compartido o de referidos con un agente o corredor autorizado localmente, que realiza la intermediación en el país, mientras Carson aporta compradores de Estados Unidos y del resto del mundo, socios de capital y participación de capital.
Años, en los mercados principales. Fuentes de la industria estiman cerca de cinco años para una gran carga en México, y se reportan esperas de hasta cinco años en partes de Brasil. Chile tiene cerca de 2 GW que buscan conexión frente a 407 MW conectados entre junio de 2020 y mayo de 2026. Colombia acepta solicitudes a nivel de transmisión solo en enero y en mayo. No se encontró una cifra típica oficial para Chile ni para Colombia.
No necesariamente. Los proyectos más nuevos se diseñan con enfriamiento por aire o de circuito cerrado, y muchas veces un derecho de agua no puede simplemente transferirse junto con el terreno. En México, las concesiones no pueden transmitirse entre particulares ni cambiarse a uso industrial, y en Colombia una cesión necesita autorización previa de la autoridad ambiental. Dígale al comprador lo que existe, pero no fije el precio del terreno con base en ello.
La ubicación, las hectáreas, el documento de título, si el terreno es rural o urbano, la subestación más cercana y su tensión, cualquier documento de acceso a la red, la fuente de agua y cualquier derecho de agua, la zonificación, cualquier afectación como tierra comunal o zonas de frontera, y quién está facultado para firmar. Envíe lo que tenga; los vacíos son normales.
Aviso. Información únicamente educativa; no constituye asesoría legal, fiscal, de ingeniería ni de inversión. Las reglas latinoamericanas en materia de tierras, agua, energía e intermediación inmobiliaria cambian con frecuencia; confirme cada punto con abogados locales, un agente o corredor autorizado localmente y las autoridades competentes. Carson Jones tiene licencia en Tennessee y no ejerce la intermediación inmobiliaria fuera de Estados Unidos; las operaciones en cada país las atienden agentes o corredores autorizados localmente bajo convenios escritos de corretaje compartido o de referidos.